MADRID.- El Tribunal Supremo ordenó ayer la apertura del juicio oral contra el juez Baltasar Garzón, acusado de presunta prevaricación por investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no era competente para hacerlo. La decisión, tomada en contra de la opinión de la Fiscalía, obliga al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a decidir mañana si aparta cautelarmente al popular magistrado de su puesto al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
La demanda, planteada por el sindicato Manos Limpias y por Falange Española -que fue apartada por defectos en su escrito de acusación-, dice que Garzón abrió diligencias contra personas fallecidas, entre ellas el dictador Francisco Franco, sobre delitos que habían prescrito o sido amnistiados por ley en 1977. La Fiscalía consideraba que las acusaciones populares no tenían legitimación para iniciar un juicio oral. Además de la causa del franquismo, Garzón tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por ingresos que percibió del banco Santander durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar conversaciones entre abogados de una trama de corrupción.
Alternativas
La apertura de juicio oral ordenada por el magistrado del Supremo Luciano Varela, a quien Garzón recusó por no ser imparcial, fue decidida apenas un día después de que este solicitó pase temporal a la Corte Penal Internacional de La Haya. De autorizársele ese traslado, decisión que también tendrá que tomar mañana el CGPJ, Garzón evitaría la suspensión temporal de un puesto en el que lleva más de 20 años. Y, de ser exculpado, retomará su tarea de juez a su regreso del servicio especial en la Fiscalía de La Haya. (Reuters)